La vivienda está subiendo en las encuestas rápidamente como una de las principales preocupaciones de los españoles. Se encuentra ya entre los tres primeros problemas que les afectan económicamente y hasta personalmente. El motivo es su difícil acceso. Escasez de oferta y regulación excesiva la han convertido en un bien muy demandado y muy caro. Uno de los factores que más influyen es la fiscalidad que en nuestro país pesa sobre la vivienda. En la actualidad, España aplica el tercer tipo máximo más elevado del impuesto sobre transacciones con un 11%, solo por detrás de Bélgica (12,5%) y el Reino Unido (12%), según datos del INE que recoge el estudio Mercado inmobiliario en España de Carlos Balado, profesor de OBS Business School.

El país destaca por contar con dos impuestos a las transacciones inmobiliarias: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se calcula y aplica cuando se transfiere el título legal de propiedad de un inmueble a un tercero; y el Actos Jurídicos Documentados (AJD), cuando se firma la escritura de compraventa. Hay que añadir el IVA que está presente en cualquier transacción.

El ITP es un tributo cedido a las comunidades autónomas y sus tipos varían de una a otra. Los más altos son los de Baleares, que oscilan en una horquilla entre el 8-13%. Siguen Cataluña y Comunidad Valenciana (10-11%) y Extremadura (8-11%). Aragón, Asturias y Castilla y León los tienen entre el 8% y 10%. Cantabria y Castilla-La Mancha aplican el 9%. Los más bajos son los de la Comunidad de Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla (6%).

 
La vivienda española está gravada con múltiples tributos. De acuerdo con el estudio, desde la compra del suelo para la construcción por parte del promotor hasta su adquisición por el comprador 'se pueden pagar hasta 16 figuras tributarias'.El vendedor del terreno paga su correspondiente Impuesto sobre la Renta (IRPF) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, conocido como plusvalía. Sin embargo, el promotor ha de hacer frente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, al de Actos Jurídicos Documentados (AJD), al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), a la tasa por licencia de obra y al Impuesto de Construcciones e Instalaciones. En total, tres locales y dos autonómicos. 'El coste adicional para el promotor es de un 8,7%', asegura el estudio. Coste que, lógicamente, repercute en el precio de la vivienda.